NO SE QUE PIENSEN UDS. PERO SE LOS DEJO...
CIUDAD JUAREZ, México (AP) - Es un ritual que se realiza prácticamente a diario: individuos acusados de narcotráfico y homicidio son exhibidos ante los medios de comunicación para mostrar que México está ganando su guerra contra las drogas.
Pero una vez que las luces de las cámaras se apagan, tres cuartas partes de ellos son liberados.
Aun cuando el gobierno federal presume su récord de arrestos, los casos armados por procuradores y policías bajo la enorme presión de hacer arrestos con rapidez se desbaratan por la falta de evidencia.
Personas inocentes son torturadas para que confiesen. Los culpables son puestos en libertad, sólo para ser detenidos en otra ocasión por otros crímenes. A veces, los carteles de las drogas son los que deciden quién es arrestado.
Archivos obtenidos por The Associated Press muestran que el gobierno arrestó a 226.667 sospechosos de delitos relacionados con el narco entre diciembre del 2006 y septiembre del 2009, la cifra disponible más reciente. A menos de una cuarta parte de esos detenidos se les levantaron cargos. Sólo 15% recibió sentencia. Y la Procuraduría General de la República (PGR) no dirá cuántos de ellos eran culpables.
El vacío judicial es una razón clave por la cual los carteles mexicanos continúan distribuyendo toneladas de marihuana, metanfetaminas, heroína y cocaína en las calles de Estados Unidos.
"Les da una impunidad de facto", dijo el embajador estadounidense Carlos Pascual a la AP, "y les permite funcionar de manera tal que pueden extenderse en Estados Unidos".
El sistema judicial de México opera de manera casi secreta y ha sido empedernidamente corrupto. Agregue una guerra contra el narco que el presidente Felipe Calderón intensificó, y el sistema ha sido rebasado. Casi 25.000 personas han muerto en la guerra hasta hoy, y la vasta mayoría de los casos sigue sin resolverse.
La AP obtuvo documentos de juzgados y registros carcelarios restringidos al público y condujo decenas de entrevistas con familiares de los sospechosos, abogados, grupos de derechos humanos y funcionarios del gobierno para descubrir qué pasaba después de que los sospechosos de narcotráfico eran presentados en público.
En Ciudad Juárez, donde una guerra entre dos carteles por las rutas de tráfico mató a una cantidad récord de 2.600 personas en el 2009, los fiscales presentaron 93 casos de homicidio ese año y se halló culpable a 19, encontró la AP. Sólo cinco fueron por homicidio doloso, de acuerdo con documentos de los juzgados, y nadie fue acusado de delitos del orden federal, que acarrean mayores penas y han sido diseñados para combatir el narcotráfico.
"Nunca los acusan de homicidio porque no tienen la evidencia, no tienen pruebas", dijo Jorge González, presidente de la asociación de defensorías públicas. "Nada más los manejan con los medios para la imagen de que están resolviendo casos".
Los soldados en Juárez anuncian de manera rutinaria que los sospechosos han confesado un impresionante número de homicidios.
Héctor Armando Alcíbar Wong, conocido como "El Koreano", mató a 15, dijeron. Pero un año después de su arresto ocurrido en agosto del 2009, las autoridades ni siquiera saben dónde está. Los funcionarios estatales de Chihuahua dicen que lo entregaron a las autoridades federales; la PGR dice que nunca lo tuvo en custodia.
Soldados dijeron a los medios en el 2008 que Juan Pablo Castillo López estaba ligado a 23 asesinatos. Nunca lo acusaron de homicidio y fue liberado de la prisión estatal menos de un año después. El ejército lo arrestó de nuevo poco tiempo más tarde con el argumento de que había matado a dos personas más. Nueve meses después, aún no se le acusa de homicidio.
Oswaldo Muñoz González, conocido como "El Gonzo", admitió haber matado a 40 personas, de acuerdo con la policía y el ejército en Ciudad Juárez. Su familia dice que fue torturado para que confesara. Ocho meses después no ha sido acusado de ningún homicidio.
Muñoz fue detenido en el 2008 por robo agravado, pero fue liberado luego de que la procuraduría no presentó suficiente evidencia.
Dos meses después de su liberación, las autoridades dijeron que fue detenido en un semáforo y que se encontraron drogas y armas en su camioneta.
Su hermana, Petra Muñoz González, dice que es mentira, que fue sacado de su casa frente a su esposa e hijas. Su familia no sabía dónde estaba hasta que lo vieron en la televisión días después, con armas y drogas frente a él.
"Me dijo que nunca había matado a nadie", dijo Petra Muñoz. "Me dijo que lo que declaró fue bajo tortura. Que le pusieron un costal para que se ahogue, y toques en sus partes bajas, y golpes hasta que se tumbó de dolor. ¿Quién va a aguantar?"
"Yo sólo les pido que digan la verdad", agregó. "¿Por qué no han presentado ni pruebas, ni testigos ni nada que lo inculpe? Pero así ya lleva casi un año".
Las autoridades de Chihuahua dicen que no pueden hablar sobre casos abiertos. El procurador general Arturo Chávez rechazó varias solicitudes de la AP para comentar al respecto.
Los registros de la PGR muestran el mismo patrón de capturar y liberar en todos los estados donde el gobierno de Calderón envió soldados y policías federales a combatir a los carteles.
En Baja California, casi 33.000 personas fueron arrestadas, pero 24.000 de ellas quedaron libres. En Sinaloa _cuna del poderoso cartel del mismo nombre_ hubo más de 9.700 detenciones, pero 5.606 liberaciones. En Tamaulipas, sede del cartel del Golfo, hubo casi 3.600 detenidos y 2.083 liberados.
Calderón lanzó su asalto militar en el 2006 en su estado natal de Michoacán, donde desplegó miles de efectivos del ejército poco después de que el nuevo cartel llamado La Familia arrojó cinco cabezas humanas en la pista de baile de un club nocturno.
Desde entonces, las fuerzas federales han arrestado a más de 3.300 sospechosos de narcotráfico. Casi la mitad han sido puestos en libertad.
En el 2008, narcotraficantes en Michoacán arrojaron granadas de mano contra la multitud que celebraba el Día de la Independencia. Ocho personas murieron, entre ellas un niño de 13 años. Las autoridades arrestaron a tres sospechosos diez días después. Ninguno de ellos tenía antecedentes penales. Los tres confesaron.
Pero al menos 16 personas dicen que los acusados ni siquiera estaban en el sitio del atentado.
Los testigos dijeron a las autoridades que vieron a los tres acusados en Lázaro Cárdenas, a unos 500 kilómetros de la ciudad de Morelia, donde ocurrieron los ataques, de acuerdo con entrevistas y declaraciones obtenidas por la AP.
Gloria Ortiz y su hija, Selene, le dijeron a la AP que la noche del ataque habían cenado con Juan Carlos Castro, uno de los acusados.
Edith Franco, doctora de Lázaro Cárdenas, declaró bajo juramento que esa noche había cenado con Julio César Mondragón en el restaurante de la madre de ella.
Tres días después, a la esposa de Castro, Esperanza Fajardo, le dijeron que pistoleros se lo habían llevado en un auto. Reportó el secuestro a la policía.
Tres días después de eso, Mondragón fue raptado mientras lavaba su auto afuera de su casa.
La novia de Alfredo Rosas dijo que fue secuestrado de manera similar dos días después.
La siguiente vez que las tres mujeres los vieron, estaban frente a las cámaras de televisión en la Ciudad de México. La Policía Federal los identificó como terroristas y miembros del cartel de los Zetas.
Castro tenía cortadas y moretones. El rostro de Mondragón estaba negro y azulado. Rosas, quien vestía una bata de hospital, tenía cinco costillas rotas y un ojo morado.
"En esos momentos lloras, gritas, te sientes impotente", dijo Fajardo. "Me dije: '¿Cómo es posible que los estén acusando de algo que no hicieron?'"
Castro dice que fue golpeado no sólo hasta que confesó, sino hasta que señaló a Mondragón como cómplice.
"Me mostraron videos donde le cortaban la cabeza a una persona y me manifestaron estos sujetos que a mí me iban a cortar dedo por dedo, brazo por brazo y también a mi familia", dijo Castro en un testimonio escrito obtenido por la AP. "Yo repetía lo que ellos me decían y, si yo me equivocaba, me golpeaban".
Mondragón dijo en sus declaraciones ante el juez que sus captores lo llevaron con los ojos vendados a un sitio donde escuchó lo que cree eran gritos de un hombre que era quemado vivo. "Echale diesel al tambo (barril) y préndelo", gritaron los captores de Mondragón. "Me encomendé a Dios y le pedí que me muriera pronto para no sufrir".
Pero sus captores lo llevaron a una casa donde metieron varias veces su cabeza en un balde de agua, lo golpearon con la culata de un rifle y lo colgaron de un árbol, calentando sus orejas con un encendedor. Mondragón dijo que les dio el nombre de Rosas.
La Policía Federal dice que una llamada anónima los condujo a una casa en el poblado michoacano de Apatzingán, un conocido bastión de La Familia, donde hallaron a los tres hombres atados, vendados y gimiendo.
La llamada llegó días después de que el gobierno acusó a La Familia de ser la autora del ataque. El cartel respondió colgando una manta donde afirmaba su inocencia y prometía hallar a los asesinos.
La policía dijo que los hombres confesaron y afirmaron ser rivales de La Familia.
Los acusados aún no saben quiénes fueron sus captores.
"Me puse a pensar: '¿será el gobierno? ¿Y si digo la verdad que yo no hice nada?' Pero no dije nada. Sentí miedo", dijo Mondragón.
La PGR tenía testigos que afirmaban que Castro y Mondragón eran traficantes de drogas y que atacaron a la policía, pero no dijeron nada sobre el ataque con granada. Un testigo fue asesinado el año pasado y el otro admitió que nunca conoció a los acusados, dijo el abogado de Rosas, Raúl Espinoza de los Monteros Santillán.
Un año después de los arrestos, un juez de apelaciones desestimó los cargos de crimen organizado, terrorismo y posesión de granada contra los tres acusados. Las confesiones han sido abjuradas, pero los cargos de homicidio persisten.
Los tres hombres siguen en prisión.
"Estoy decepcionado del gobierno", dijo la testigo Franco a la AP. "No buscan a los culpables. Buscan a quién culpar".
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